Previo a la votación, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, destacó el carácter amplio e inclusivo de la consulta desarrollada por la Comisión Especial de Carácter Constitucional, en la que participaron más de 300 mil personas de distintos sectores, gremios e instituciones del Estado.
El parlamentario señaló que las reformas aprobadas a ocho artículos de la Carta Magna tienen como propósito dotar al país de herramientas legales para garantizar la estabilidad, seguridad y paz, así como continuar enfrentando las condiciones que generan pobreza.
Entre las disposiciones aprobadas figura la prohibición de aplicar en Nicaragua leyes de carácter extraterritorial emitidas por otros Estados, grupos de Estados u organismos internacionales.
La reforma también establece restricciones para optar a cargos públicos o de elección popular a personas que participen en actos considerados golpistas, traición a la patria, soliciten intervención militar o injerencia extranjera, incluidas sanciones o financiamiento externo, así como quienes violen principios fundamentales de la Constitución.
Otro de los cambios establece períodos de siete años para los cargos de elección popular, funcionarios designados por la Presidencia y servidores públicos electos o ratificados por la Asamblea Nacional.
La disposición contempla igualmente un período de siete años para el comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua y los jefes de las Fuerzas Policiales de la Policía Nacional.
Asimismo, se modifica la fecha de toma de posesión presidencial, que pasará al 18 de enero, en homenaje al natalicio del héroe nacional y poeta universal Rubén Darío.
La reforma fortalece además las atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), que podrá verificar, sancionar y cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos o candidatos que violen los principios establecidos en la Constitución.
Porras explicó que las modificaciones son resultado de las conclusiones alcanzadas durante el proceso de consulta nacional y fueron sometidas a consideración del Parlamento para su aprobación.
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