Tales datos fueron divulgados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), cuyo análisis muestra un agravamiento de los conflictos agrarios y otras formas de violencia en las zonas rurales brasileñas.

La referida cifra, de enero a junio, supera los 798 hechos registrados en la mitad inicial de 2025, y Maranhão encabezó la lista por estados, con 156 casos, seguido por Pará (90), Bahía, (85), y Rondonia y Amazonas (ambos 63).

Según la CPT, la mayoría de los episodios estuvo relacionada con disputas por la tierra, con 711 registros, seguidos por conflictos por el agua (100) y casos de trabajo esclavo rural (30).

Los enfrentamientos por la tierra incluyeron situaciones de violencia y resistencia vinculadas a ocupaciones y campamentos, mientras que los episodios violentos aumentaron de 584 a 663, y las acciones de resistencia descendieron de 66 a 48.

A criterio de la CPT, ese escenario está relacionado con la expansión del agronegocio y con una creciente mercantilización de la tierra brasileña, fenómeno que involucra intereses económicos sobre territorios ocupados por comunidades tradicionales y campesinas.

Por otra parte, los conflictos por el agua mostraron uno de los mayores incrementos, al pasar de 47 casos en el primer semestre de 2025 a 100 durante igual período del presente año.

En varios casos, las tensiones estuvieron relacionadas con la actuación de mineros ilegales, empresas extractivas y conflictos por el control de los recursos hídricos.

Aunque el número de asesinatos en el campo disminuyó durante el lapso analizado, el informe alertó sobre el crecimiento general de la violencia contra las personas involucradas en los conflictos rurales.

Los casos de agresiones contra individuos aumentaron de 418 a 588, mientras el número de víctimas pasó de 308 a 497, precisó el levantamiento de la organización vinculada a la Iglesia Católica.

También, se contabilizaron 195 sucesos debido a la contaminación por minerales, todos en Jacareacanga, estado de Pará, como consecuencia de la minería ilegal de oro en la cuenca del río Tapajós, que afectó a la comunidad indígena Munduruku.

Crecieron los registros vinculados a la contaminación por agrotóxicos, la criminalización de comunidades y líderes rurales, y las agresiones físicas.

En contraste, los casos de trabajo esclavo rural descendieron de 101 a 30, y la cantidad de trabajadores afectados cayó de 842 a 355.

Reportes de prensa apuntaron que más allá de la reducción de los homicidios, la conflictividad y las diferentes expresiones de violencia continúan expandiéndose en las zonas rurales de Brasil.

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