En un comunicado divulgado en esta capital, la entidad alertó que la ejecución del pacto experimentaría un severo debilitamiento debido a la falta de recursos, capacidades institucionales o voluntad política.

Señaló que, para el año venidero, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) solicitó 473 mil 698 millones de pesos para cumplir su misión, cerca de 149 millones de dólares.

En cambio, expuso, el Congreso aprobó apenas 226 mil 238 millones, algo más de 71 millones de dólares, lo cual genera una brecha del 52,2 por ciento.

“No es un ajuste fiscal, es un recorte que hace inviable la reincorporación. El gasto de funcionamiento se reduce en 29,52 por ciento: menos equipos territoriales, menos acompañamiento regional, menos presencia del Estado donde más se necesita”, advirtió.

Apuntó además que el presidente Abelardo De La Espriella lleva casi un mes en el poder y aún no selecciona al director de la ARN, lo cual calificó como decisión política que envía una señal clara de “desinterés por la paz”.

Por otra parte, remarcó que son los firmantes de paz los que pagan las consecuencias del recorte fiscal.

La tasa de desempleo de los firmantes es del 25,45 por ciento, casi el triple de la tasa nacional; se registran 512 homicidios de exguerrilleros desde 2016, con una tasa 15 veces superior a la media nacional; y el 94 por ciento de los firmantes señala que la débil presencia institucional como la principal causa de su inseguridad, acotó la comunicación.

En este punto, el CNR exigió al Congreso aprobar una adición presupuestal para la ARN, citar a debate a los funcionarios responsables y convocar a audiencia pública sobre el tema.

Solicitó a De La Espriella nombrar de inmediato al director o directora de la ARN y demostrar con hechos que la paz es una prioridad de su gobierno.

También instó a la ciudadanía y a la comunidad internacional a visibilizar la crisis y acompañar al CNR en la defensa del Acuerdo de Paz.

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