Según un informe de ese organismo, casi uno de cada cinco niños de entre 12 y 17 años de edad fueron víctimas de esas formas de violencia, perpetradas tanto dentro como fuera de Internet, con la ayuda de las herramientas actuales.

De acuerdo con el estudio, más de 15 millones de pequeños estuvieron expuestos a contenidos sexuales no deseados, nueve millones recibieron solicitudes para mantener conversaciones de ese tipo o compartir fotografías en contra de su voluntad, y cuatro millones fueron víctimas de la difusión de imágenes sin su consentimiento.

Sin embargo, es probable que la verdadera magnitud del problema sea mucho mayor debido al elevado número de casos no denunciados, señaló Unicef.

Asimismo, la directora ejecutiva de esa entidad, Catherine Russell, alertó que, a menudo, los menores son asediados y agredidos en los mismos espacios digitales donde aprenden, juegan y se relacionan con sus amigos.

“Esas experiencias provocan un profundo malestar emocional y angustia mental. Muchos niños sufren en silencio, sin saber adónde acudir en busca de ayuda. No podemos mirar hacia otro lado”, afirmó.

El informe precisó que cerca del 60 por ciento de los casos se produjo en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y WhatsApp, y el 14 por ciento, en juegos en línea.

Además, indicó que el 57 por ciento de los incidentes involucró a una persona a la que el menor ya conocía, como otros niños, parejas sentimentales, amigos o familiares, lo cual cuestiona la idea de que el abuso lo cometen principalmente desconocidos.

También alertó que quienes fueron víctimas de esos delitos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de manifestar pensamientos o conductas suicidas, autolesionarse y presentar niveles de ansiedad considerablemente más altos.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad de que los gobiernos, empresas y otras partes interesadas adopten medidas para proteger a la infancia. Se requieren plataformas digitales más seguras desde el diseño, que refuercen la privacidad, restrinjan los contactos no solicitados, y mejoren la detección y denuncia de abusos, indica el texto.

Asimismo, aboga por reforzar las leyes y la rendición de cuentas, crear sistemas eficaces de apoyo, reducir las vulnerabilidades económicas de las que se aprovechan los agresores y abordar las normas sociales y de género que normalizan la sexualización de los niños y estigmatizan a los sobrevivientes.

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