La solicitud alcanza a los ministros André Mendonça y Alexandre de Moraes, al procurador general de la República, Paulo Gonet, y al director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues.
Fachin pidió información sobre las circunstancias en que Mendonça ordenó identificar a personas con las que Vorcaro mantenía conversaciones durante las investigaciones del caso Banco Master, así como sobre las medidas adoptadas para cumplir las normas aplicables a autoridades con fuero ante el STF.
El presidente de la Corte también solicitó aclaraciones sobre posibles accesos, mediante credenciales institucionales, a documentos de carácter particular y sobre una eventual divulgación de información sometida a secreto judicial a personas investigadas.
La decisión fue emitida después de que Moraes solicitara a Fachin investigar a Mendonça por presunto abuso de autoridad, improbidad administrativa y delito de responsabilidad en su actuación en el caso del Banco Master y el de fraudes contra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
El episodio está relacionado con un informe de la PF que menciona mensajes enviados por Vorcaro y señala a Moraes como interlocutor, el cual fue incorporado al proceso bajo la responsabilidad de Mendonça.
Moraes había negado ser el destinatario de esos mensajes en una nota difundida en marzo, en la cual dijo que, según un análisis técnico, las comunicaciones enviadas por Vorcaro el 17 de noviembre de 2025, fecha de la primera detención del banquero, no correspondían al contacto telefónico del magistrado.
De acuerdo con esa explicación, las capturas de pantalla y el contacto asociado estaban vinculados a otras carpetas y listas telefónicas existentes en el computador de Vorcaro, por lo que las comunicaciones no estaban dirigidas al ministro.
Las mismas comunicaciones aparecen, sin embargo, en el informe presentado posteriormente por la PF a Mendonça, con la identificación de Moraes como interlocutor.
Fachin determinó además que el gabinete de Mendonça remita una copia integral de los autos del proceso en el que fue incorporado el informe policial y anexó a la decisión la nota divulgada por Moraes en marzo.
El presidente del STF también pidió información sobre el cumplimiento de las normas de la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional cuando autoridades con fuero especial son identificadas durante investigaciones policiales.
La decisión señala que, si los hechos descritos por la PF son confirmados, corresponde a la Presidencia del STF adoptar medidas para proteger las prerrogativas de la corte y garantizar que una eventual evaluación por el plenario se realice respetando el debido proceso legal, el derecho de defensa y el principio de contradicción.
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