Se trata de la obra insignia del gobierno del presidente Yamandú Orsi, que busca asegurar el suministro de agua potable a la zona metropolitana, donde viven cerca de dos millones de habitantes.

El CAF actualizó la calificación otorgada al proyecto de construcción y estableció la existencia de un riesgo social y ambiental alto en caso de concretarse en las condiciones actuales. Ello supone condicionantes a lainversión de 130 millones de dólares para la iniciativa.

El banco estableció ocho salvaguardas que el Ministerio de Ambiente deberá atender con carácter prioritario.

Resultan la evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales; utilización sostenible de recursos renovables; y la conservación de la diversidad biológica.

También la prevención y gestión de la contaminación; patrimonio cultural; reasentamiento de la población; condiciones de trabajo y capacitación; y equidad de género.

“La clasificación de CAF no constituye una novedad ni supone, por sí sola, un problema o un impedimento para llevar adelante la obra”, posteó en redes sociales el presidente de la estatal Obras Sanitarias del Estado, Peblo Ferreri.

Acotó que, el CAF establece “exigencias que debemos cumplir” para atender los posibles impactos de la obra hidráulica “con el rigor que corresponde”.

En la cuenca del arroyo Casupá hay un área de monte rural de alta diversidad y qu, aguas abajo, se asienta una población que reclama contra el proyecto y alega el riesgo de inundaciones tras la construcción de la represa.

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