La audiencia fue convocada después de que 13 de los sentenciados solicitaran acogerse a esta figura, tras la condena por cohecho en una causa relacionada con la construcción y financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La causa investigó una estructura de pagos indebidos vinculada con la adjudicación y ejecución de esa planta, una de las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador.

Según la Fiscalía, los pagos irregulares habrían alcanzado unos 76,1 millones de dólares, equivalentes a cerca del cuatro por ciento del valor del contrato, y habrían sido canalizados mediante empresas, intermediarios, transferencias bancarias y servicios de consultoría y representación.

El pasado 28 de agosto, un tribunal declaró culpables por cohecho a 20 de los 21 procesados.

Moreno, que en el periodo analizado fue vicepresidente de la República, recibió una pena de cinco años de prisión como autor directo del delito.

Por su edad y discapacidad, la condena deberá cumplirse bajo arresto domiciliario, de acuerdo con lo establecido.

El fallo también ordenó reparaciones económicas que, en conjunto, superan los 163 millones de dólares y determinó la prohibición permanente para los condenados de ejercer cargos públicos.

El exmandatario rechazó las acusaciones y afirmó que el proceso tiene motivaciones políticas.

Moreno llegó a la Presidencia en 2017 con el entonces movimiento oficialista Alianza País, pero posteriormente rompió políticamente con su antecesor y aliado, Rafael Correa, cuyo partido había respaldado su candidatura.

Tras la sentencia no se produjeron pronunciamientos públicos de personas o grupos políticos que inicialmente respaldaron su “traición” al correísmo, ni tampoco de la embajada de Estados Unidos, país con el que Moreno mantuvo una relación estrecha durante su Gobierno.

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