El movimiento centra su propuesta en la seguridad, la infraestructura y el empleo para devolver la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones de desarrollo, subrayó la agrupación mediante un comunicado.
El plan de “Reconducción Total” busca un cambio de fondo estructurado en tres frentes: el rescate institucional y social, la reconciliación nacional y la ejecución de reformas trascendentales, acotó.
En su sitio oficial asegura que apoya la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, sabe que el hogar y la familia son la base de la sociedad y que cree posible y necesaria una reconstrucción.
Como secretarios generales aparecen registrados en el departamento de Organizaciones Políticas del TSE Enio Eraldo Álvarez y Jovita Carrera.
Muchos Comités Pro Formación son impulsados administrativamente por profesionales, notarios, contadores o gestores comunitarios de bajo perfil electoral previo, explicaron analistas.
Su rol en la fase inicial –añadieron- se limita a tramitar la escritura pública ante el TSE, organizar las actas de asambleas y coordinar el proceso de recolección de firmas de afiliados.
El TSE tenía registrado en mayo pasado 25 partidos y al menos 20 grupos en formación, incluidos comités cívicos, entre ellos 10 que le faltaba llegar a la cantidad requerida.
La Ley Electoral de Partidos Políticos establece como número de correligionarios mínimo 28 mil 83. No obstante, las agrupaciones tienen hasta 22 de octubre venidero para completar ese total.
A fines de junio último el TSE definió que la primera vuelta de las próximas votaciones generales sería el 27 de junio de 2027.
El organismo precisó que comenzaría formalmente con la convocatoria a comicios, prevista para el 22 de enero, y del 23 de ese mes hasta el 28 de marzo la inscripción de candidatos y comités cívicos.
Expertos advierten que ya el juego político comenzó en Guatemala, aunque el ente rector de los sufragios divulgó días atrás que analiza 195 casos por posible campaña anticipada.
Llamó a las personas interesadas en postularse a cargos, así como a las organizaciones políticas, afiliados y simpatizantes a respetar las disposiciones establecidas.
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