En un pronunciamiento, varios colectivos expresaron su “profunda preocupación” por una escalada de “abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas”.

Según el documento, los casos involucran a las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II, Don Maca, Los Tres Hermanos, Conquista 2, OM2, María Candelaria y Karla Franshesca, y ocurrieron principalmente contra pescadores de la provincia de Manabí.

“El caso Fiorella constituye la expresión más grave de esta crisis”, señala el texto, donde recordaron que ocho pescadores permanecen desaparecidos desde el 20 de enero.

Las organizaciones también denunciaron los recientes casos de Los Tres Hermanos, Conquista 2 y OM2, embarcaciones que fueron abordadas y posteriormente hundidas en acciones militares estadounidenses.

“El Estado ha reconocido que estas operaciones se sostienen en investigaciones conjuntas e información de inteligencia, sin embargo no existe ningún proceso judicial o investigativo formal que sostengan dichas acusaciones”, afirmaron los colectivos en relación con los supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sobre Los Tres Hermanos, el documento afirma que sus 14 tripulantes fueron retirados de la nave y denunciaron haber permanecido “inmovilizados, con ojos y oídos cubiertos y bajo prácticas de maltrato”.

En el caso de Conquista 2, las organizaciones señalaron que sus 17 tripulantes fueron desaparecidos temporalmente y posteriormente retirados como náufragos, pero esposados por autoridades ecuatorianas.

Un juez constitucional de Manta ordenó recabar información sobre el operativo, el hundimiento y la ubicación de los restos de la embarcación.

“El Estado ecuatoriano no puede delegar sus obligaciones de derechos humanos”, sostuvieron las organizaciones, que reclamaron protocolos sobre el uso de la fuerza, detenciones, asistencia médica y comunicación con los familiares.

El pronunciamiento advierte que, si una investigación demuestra que los hechos forman parte de una política “generalizada o sistemática” contra población civil, “podrían configurarse crímenes de lesa humanidad”.

Las entidades exigieron medidas cautelares colectivas para los pescadores de Manabí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidieron declarar persona no grata al comandante del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan.

También respaldaron la continuidad del proceso judicial por el caso Conquista 2 y reclamaron investigaciones para determinar eventuales responsabilidades institucionales e individuales.

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