La medida responde, según alegó el gobernante, a que durante años “se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”, lo cual, según añadió, “tiene que cambiar”.

Acotó en su mensaje que la decisión “no significa porte indiscriminado” pues “se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes”.

También comunicó que entre enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15 mil 700 armas de fuego, de las cuales 14 mil 179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.

“Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”, refirió además.

En Colombia, portar un arma de fuego de manera legal requiere un permiso vigente expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y cumplir ciertas condiciones físicas, legales y psicológicas.

Algunos de esos requisitos son tener la licencia vigente, contar con una evaluación psicofísica y carecer de antecedentes judiciales o de procesos penales activos.

De acuerdo con la Universidad Externado de Colombia, en el país se cometen más de 10 mil homicidios al año con armas de fuego, lo que representa aproximadamente entre el 70 al 75 por ciento del total registrado.

Se estima asimismo que estos dispositivos letales también están presentes en un porcentaje significativo de delitos de impacto como el hurto a personas.

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