La medida genera una gran polémica en la opinión pública después de que se conociera cómo el joven de 17 años, tras burlar la seguridad, ingresó al plantel con un artefacto de compresión, desató el caos tras accionarlo en repetidas ocasiones y luego se autolesionó.

A pesar de que el único herido resultó ser el adolescente, el suceso prendió las alertas sobre la derogación, hace dos días, del permiso que suspendía el porte de armas en el país, vigente desde finales de 2015.

La senadora Isabel Zuleta, rechazó el anuncio

“Sabemos que Estados Unidos es uno de los principales países de origen de las armas que ingresan legales e ilegalmente a Colombia. Y legalidad no significa seguridad: armas adquiridas legalmente también son utilizadas para cometer delitos”, refirió.

Aseguró que, en Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), se flexibilizó el porte, tras lo cual aumentó la circulación de las armas y de los homicidios.

“No podemos importar una política que pone más armas en las calles y esperar que eso produzca más seguridad. Más armas no significan más seguridad. Significan más riesgos para la vida”, remarcó.

Según alegó De la Espriella, la medida responde a que durante años “se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”, lo cual, según añadió, “tiene que cambiar”.

Ante ese comentario, el senador Alejandro Ocampo cuestionó cómo se determinará “quién es un ciudadano de bien”.

“Una licencia no elimina la intolerancia, una discusión familiar, una crisis emocional, el consumo de alcohol ni un momento de ira. Cuando hay un arma de por medio, cualquier conflicto cotidiano puede terminar convertido en una tragedia irreversible”, advirtió.

El congresista aclaró que el Decreto 1368 no autoriza el porte libre ni permite que cualquier colombiano salga armado, pero sí elimina la restricción general y permite que más personas con permisos vigentes porten armas en los espacios públicos.

“Las armas no generan convivencia ni reemplazan la autoridad del Estado. Más armas circulando significan mayores riesgos de accidentes, hurtos, reacciones impulsivas, violencia intrafamiliar y conflictos que pueden terminar en muerte. La seguridad debe estar en manos de instituciones profesionales, no depender de quién dispara primero”, señaló en un comunicado.

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