La resolución fue firmada por los ministerios de Trabajo y Transporte, al concluir un plazo de 72 horas que el Ejecutivo estableció para que el consorcio belga Katoen Natie, propietario de la TCP, y el sindicato portuario llegaran a un arreglo en torno al nuevo convenio colectivo.

El texto no declara la esencialidad en las operaciones portuarias como pidió la patronal.

Pero determinó con «carácter transitorio y limitado que en el marco del conflicto deberán garantizarse servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de prestaciones portuarias indispensables».

Mencionó los servicios de muelle de carga y descarga de buques; recepción de contenedores llenos y vacíos -transporte carretero y eventualmente fluvial- , la importación y exportación.

También se incluye el almacenamiento y depósito.

Para todo ello se deberá asegurar una plantilla mínima de trabajadores, que incluya personal de mantenimiento, administrativos y personal de logística y operarios de grúas.

Además pide a las partes que establezcan los «mecanismos necesarios a efectos de garantizar la plena operativa portuaria de los servicios vinculados a contenedores refrigerados o con elementos perecederos o con material sanitariamente sensible».

“No estamos hablando de servicios esenciales, que tienen una lógica distinta, vinculada a la seguridad, a la vida o la salud. Estamos hablando de servicios mínimos”, indicó la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Bajo estas condiciones continuarán las negociaciones entre TCP y el sindicato portuario, que demanda mayores jornales laborales, entre otras demandas.

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