Las transacciones sospechosas sumaron 10 mil 265 millones de quetzales (poco más de mil 341 millones de dólares), subrayó el diario Prensa Libre sobre datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Esta entidad, adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó que denunció esas operaciones ante el Ministerio Público al ser catalogadas como indicios de la comisión de un delito, lo que se tradujo en 217 expedientes presentados.
El monto reportado equivale a un promedio mensual de mil 283 millones de quetzales (casi 168 millones de dólares), acotó el medio.
Los casos están relacionados con extorsión, narcotráfico, corrupción y otras tipologías criminales identificadas por los analistas de la IVE, quienes siguen las activaciones de transacción sospechosa.
La víspera entró en vigor la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el Congreso el 2 de junio del presente año para modernizar un marco sin actualización desde hacía más de 20 años.
El jefe de la SIB, Saulo De León, calificó de clave este último paso “para alejarnos de la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)”.
Consideró como uno de los desafíos actuales contar con el reglamento, y reiteró el compromiso de tenerlo listo a finales de este mes.
Trabajamos con distintas entidades públicas y privadas para armar una estructura, una formación y una capacitación a fin de recibir a la delegación de Gafilat que vendrá el próximo año, añadió De León, según el estatal Diario de CentroAmérica.
El titular del Ministerio de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, subrayó que esta legislación es bien vista por las calificadoras de riesgo y acerca a Guatemala más a alcanzar el grado de inversión.
El IVE denunció a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos 15 mil 967,2 millones de quetzales (poco más de dos mil millones de dólares) en 2025.
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