La periodista Sabrina Bacal cuestionó el proceder policial en su columna Sabrina Sin Censura, publicada en el diario La Prensa, donde preguntó “¿A quién persigue la Policía?” y señaló que entre los sectores presuntamente vigilados figuran ambientalistas, defensores de derechos humanos, docentes y dirigentes sindicales.

Bacal sostuvo que el problema no radica en la existencia de agentes encubiertos como mecanismo de investigación, sino en su eventual utilización para dar seguimiento a personas y organizaciones que ejercen el derecho a la protesta o expresan críticas al Gobierno.

Las denuncias de organizaciones sociales señalan una estructura de vigilancia que habría seguido durante meses a dirigentes sindicales, campesinos, ambientalistas e indígenas, y sus familiares, incluso mediante la participación de agentes en reuniones y actividades de esos colectivos.

La Policía Nacional reconoció el uso de “agentes encubiertos”, aunque rechazó la denominación de “infiltrados” y aseguró que esas actuaciones se realizan dentro del marco legal para contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad nacional. También afirmó que varios de esos funcionarios participan en investigaciones y diligencias realizadas junto al Ministerio Público(MP).

El pronunciamiento oficial se produjo después de que organizaciones sindicales y sociales presentaran denuncias ante el Procurador de la Nación, Luis Gómez, por presunto espionaje, seguimiento y vigilancia de sus integrantes.

La alianza Pueblo Unido por la Vida y la Red de Derechos Humanos de Panamá, entre otras agrupaciones, solicitaron investigar los hechos y determinar si las actuaciones policiales se ajustaron a la Constitución y a las normas que protegen la libertad de pensamiento, asociación y expresión.

En su artículo, Bacal reclamó igualmente una investigación del MP para esclarecer quién autorizó las operaciones y cuál era su finalidad, especialmente ante las denuncias de seguimiento a activistas vinculados con las protestas contra proyectos como la mina de cobre Donoso (Colón) y el embalse de río Indio, para favorecer las operaciones del canal de Panamá.

«La Policía está para protegernos de los delincuentes, no para proteger al Gobierno de sus críticos. Protestar es un derecho propio de la democracia, no un delito. Disentir tampoco. Y mientras las pandillas y el narcotráfico desafían al Estado, utilizar recursos de inteligencia para vigilar a quienes ejercen esos derechos no nos hace más seguros. Nos deja a todos más desprotegidos», remarcó la analista.

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