De acuerdo con el artículo 19, numeral siete de la Carta Magna, el plazo máximo de prisión para una persona en situación irregular, cuyo retorno al país de origen haya sido decretado por una autoridad competente, es de cinco días.

El Ejecutivo solicitó que dicho período sea de hasta 60 días, con la posibilidad de ampliarlo dos veces por esa misma cantidad, lo cual implica un plazo de seis meses. Según el titular de Justicia, Fernando Rabat, es un tema práctico, no de fondo, pues cinco días son insuficientes para detener a un migrante irregular, preparar toda la documentación, negociar con el país de origen y concretar la expulsión.

Quienes votaron en contra, por su parte, criticaron que el Estado trate de resolver problemas operativos, manteniendo en prisión durante largo tiempo a quienes están sujetos a expulsión.

Agregaron que esta conducta puede violar garantías fundamentales en grupos vulnerables, como niños, adolescentes, mujeres embarazadas o personas encargadas de cuidar enfermos o adultos mayores.

También expresaron su inquietud por las condiciones materiales en que podrían cumplirse detenciones más prolongadas.

La votación de este martes quedó con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, pero por tratarse de modificar una norma constitucional debería contar con el respaldo de cuatro séptimas partes de la Cámara Baja, es decir 89 diputados, y por lo tanto la solicitud fue rechazada.

En este resultado influyó que algunos miembros de agrupaciones cercanas al gobierno habían comprometido su sufragio y a última hora se abstuvieron.

Además, dos militantes del Partido Republicano están fuera del país, acompañando al presidente Kast en su viaje a la Asamblea General de la ONU.

El gobierno puede apelar al Senado para conseguir una nueva votación, pero en esa cámara requiere dos terceras partes de senadores a favor, y eso implica negociar con algún partido de la oposición.

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