El Ministerio Público entregó en blancos ataúdes los restos en la catedral de la ciudad centroandina de Huancayo, capital de la región de Junín, a las familias, que pusieron así fin a la angustia de más de tres décadas sin saber el destino de sus familiares arrebatados.
Los restos corresponden a los menores de edad Ángel Barja Gaspar, de 14 años, Gumercindo Ubaldo Zanabria (16) y Jesús Zanabria Ubaldo (16) y los adultos José Núñez Hualpa, (18), Fredy Gaspar Ríos, (22), Herminio Barja Ríos, (25), Apolonio Lazo Rudas (25), César Sánchez Castro (25), Julio Salomé Bravo (27) y Jesús Pomahuali Salomé (40).
Fueron apresados el 27 de febrero de 1992, en Oaccha, su comunidad campesina, en el contexto del llamado conflicto interno (1990-2000), en el que se registraron recurrentes violaciones de derechos humanos.
Los captores, presumiblemente militares, enterraron los cadáveres a más de 20 metros de profundidad, por lo que tomó más de diez años rescatar las osamentas gracias a un testigo, poco a poco, y someterlas a pruebas de ADN que permitieron identificar los restos.
En la ceremonia de entrega participaron representantes del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los deudos descartaron que fueran terroristas, como solía afirmarse durante la contienda sobre civiles no combatientes ultimados.
“No eran terroristas, eran campesinos”, expresó Denis Zanabria en un discurso en nombre de todos los familiares, condenó el hecho de que desde su desaparición los campesinos desaparecidos fueron hostilizados y evocó la memoria de su hermano Jesús.
Reveló también que los familiares fueron acosados y amenazados por autoridades que no identificó, por insistir en la búsqueda de los restos,
El fiscal a cargo del caso, Johel Chamorro, aseguró que no termina con el rescate y sepultura de las víctimas, pues el objetivo es encontrar a los responsables de las muertes y señaló que se presume que los captores eran militares o civiles armados al servicio de estos.
“Este acto es un aspecto humanitario, es una entrega digna; sin embargo, continúa todavía la investigación penal”, hasta encontrar a los responsables del crimen, aseveró.
Tal propósito enfrenta el hecho de que una ley propuesta y aprobada en el Congreso por el actual partido gobernante y sus aliados, meses antes de que Fujimori asumiera la presidencia-, dispuso la prescripción de los crímenes de Estado anteriores a la puesta en vigencia en Perú del Estatuto de Roma que declaró esos delitos como imprescriptible, el 1 de julio de 2002.
Al parecer, el fiscal Chamorro es uno de sus colegas y jueces que, debido a que la misma convención considera imprescriptibles esos delitos sin importar cuándo fueron cometidos, aplican el llamado control de convencionalidad, para no aplicar la polémica ley de prescripción.
El estatal Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro tiene registrados 22 mil 667 casos de desaparición forzada y ha localizado cinco mil 104 fosas de las que se mantienen cercadas y de las cuales se ha rescatado, según diversos conteos, entre dos mil y cuatro mil osamentas.
Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos han denunciado intentos de reducir o cortar los recursos destinados a rescatar más restos y simplemente que se deje de buscar restos de desaparecidos, con el argumento de olvidar aquella etapa de violencia.
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