Medios locales divulgaron que el juez constitucional Isaías Mendoza Loor, de la Unidad Judicial Civil de Manta, rechazó la acción presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) por el caso del pesquero Conquista II.

La embarcación fue interceptada el 2 de septiembre durante una operación de fuerzas estadounidenses contra una nave que Washington vincula con actividades de narcotráfico.

Los 17 tripulantes fueron posteriormente entregados a las autoridades ecuatorianas y se encuentran en libertad.

Sin embargo, el CDH sostuvo que los ciudadanos fueron privados de su libertad durante la intervención y permanecieron hasta el 3 de septiembre sin información sobre su paradero ni protección de la ley, lo que podría constituir una desaparición forzada de corta duración.

Según la organización, la Armada ecuatoriana, como autoridad marítima, no habría tenido conocimiento de la situación hasta las 18:00 (hora local) del 3 de septiembre, cuando se obtuvo información sobre los tripulantes.

El Estado, sin embargo, rechazó la acusación y sostuvo que se trató de un operativo de búsqueda y rescate destinado a proteger la vida de los ocupantes de la embarcación, reportó Radio Pichincha.

La Policía Nacional señaló que, una vez recibidos en puerto, los tripulantes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y que los partes incorporados al proceso registraron el procedimiento y su estado de salud.

La Procuraduría General del Estado sostuvo que los ciudadanos fueron rescatados, comparecieron ante un juez penal y actualmente se encuentran en libertad, por lo que consideró que no existían elementos para establecer una desaparición forzada.

El CDH anunció que apelará la decisión y que, si fuera necesario, llevará el caso ante la Corte Constitucional.

El Conquista II es una de las embarcaciones ecuatorianas intervenidas en el Pacifico como parte de la campaña de Estados Unidos contra naves que considera vinculadas al narcotráfico.

Según la versión estadounidense, embarcaciones de este tipo eran utilizadas para reabastecer de combustible a lanchas relacionadas con el tráfico de drogas.

El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Ben Saul, advirtió sobre posibles violaciones de derechos humanos en esos operativos en altamar.

En un reciente informe mencionó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos y cuestionó la falta de transparencia sobre el papel de Estados Unidos en estas operaciones, que se realizan con conocimiento y cooperación del Gobierno ecuatoriano.

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