El primer caso tuvo alcance internacional, pues detonó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando la mandataria lamentó que militares y policías acusados por violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto interno (1980-2000) sigan en el banquillo sin que se haya respetado el debido proceso.

“Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz, vencimos al terrorismo; pero, lamentablemente, aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, afirmó.

Al día siguiente, en un acto público, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió “No podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que a pesar de que militares y policías han demostrado que sus procesos han sido transgredidos, nosotros continuamos juzgándolos”.

Agregó que la mandataria parece olvidar el compromiso proclamado al asumir el cargo, el 28 de julio último, de respetar la independencia de los poderes del Estado y señaló que debía retractarse.

Fujimori, todavía en Nueva York, respondió que cree en las instituciones fuertes y autónomas y ha hablado “con absoluto respeto a la independencia de poderes, que no significa callar, ni perder la oportunidad de hacer una crítica a lo que ha sido el desempeño en el pasado” y dijo que no tiene más que agregar.

Sin embatrgo los presidentes de las cortes superiores de justicia de todo el país, reunidos coincidentemente en la ciudad surandina de Ayacucho, difundieron un comunicado de respaldo a la titullar del Poder Judicial por su defensa de la independencia judicial, de los magistrados y de su autonomía.

El texto señala que “Ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional”, lo cual es indispensable para la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho.

Entretanto, en el Congreso, el pedido de facutades legislativas en casi todos los sectores del Estado, sigue empantanado en la Cámara de Diputados de mayoría opositora, donde debe ser aprobado para que pase a la ratificación por el Senado, de estrecha mayoría oficialista.

Las dos bancadas oficialistas acusan a las de centro y progresistas que se resisten a dejaren manos la tarea de legislar, sin consifetat lo que decidan los diputados, como han amenazado senadores oficialistas, posibilidad descartada por juristas de diversas posiciones y negada por el titular oficialista del Senado, Miguel Torres..

La reacción de los opositores fue cerrar filas y plantear que el Ejecutivo pida facultades solo para temas específicos, las medidas contra la delincuencia y contra el Fenómeno El Niño.

Rechazan de plano tocar temas nada urgentes -requisito para las facultades legislativas- como la eliminación de límites a los intereses bancarios y modificaciones de la legislación laboral a favor de intereses patronales.

El manejo del tema por el partido fujimorista, según el analista Juan de la Puente, demuestra que esa agrupación es eficcaz como oposición y poder en la sombra -lo que ha sido desde la caída del padre de la mandataria, Alberto Fujimori, en el año 2000-, pero deficiente como gobierno.

El partido de derecha extrema Renovación Popular presentó un proyecto alterno de pedido de facultades, en reemplazo del anterior, con precisiones de sus alcances y generalidades, y limitado a los temas que prioriza la oposición, pero también introduce temas económicos, empleo y modificación del aparato estatal.

De rechazar de plano la cámara de Diputados el proyecto gubernamental, el tema quedará archivado, lo que sería una derrota para el Gobierno.

A los problemas citados se añade la fuerte caída de la aprobación de la presidenta en las encuestas, atribuida al exceso de expectativas creadas por la prédica electoral fujimorista, que prometía imponer el orden y la eficacia desde el primer día.

Además, medios de prensa y personalidades conservadoras que apoyaron abiertamente la candidatura de Keiko Fujimori, critican al Gobierno por lo que consideran su inacción y deficiencias en la elección de ministros.

A los problemas reseñados, se suma el pedido temprano de renuncia del ministro del Interior y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, por la ausencia de estrategia contra el desborde deincuencial y la persistencia de diarios asesinatos y extorsiones masivas.

mrs