El colectivo anunció nuevas movilizaciones para los próximos días tras concluir la víspera una movilización a pie y a caballo por las comunidades de Los Uveros, La Mina, San Cristóbal y Tres Hermanas, territorios que, según sus representantes, están amenazados por la inundación asociada al futuro reservorio de aguadulce.
La jornada concluyó en el puente de Tres Hermanas, donde los participantes cuestionaron las recientes declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que los catalogó como “extorsionadores” y formularon denuncias contra la ACP, el Ministerio de Seguridad Pública y la Asamblea Nacional(parlamento).
Los labriegos originarios de este territorio sostienen que continuarán la lucha contra el millonario proyecto y reclaman que las autoridades escuchen a las comunidades directamente afectadas antes de avanzar en las obras.
Como parte de esa agenda, organizaciones sociales y campesinas convocaron para el próximo 30 de septiembre una marcha popular que partirá a las 16:30 horas desde el Parque Porras, en la capital panameña, con reclamos relacionados con río Indio.
La convocatoria ha sido difundida públicamente por sectores vinculados a la protesta.
Durante la movilización del fin de semana, la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses leyó un comunicado en el que cuestionó la política del Ejecutivo y las actuaciones de la ACP, además de denunciar presuntas acciones de vigilancia e infiltración en reuniones y hogares de moradores.
Los manifestantes también cuestionaron la cifra de respaldo al proyecto presentada por autoridades del Canal y pidieron una auditoría independiente para determinar el nivel real de aceptación entre las comunidades potencialmente afectadas.
La iniciativa incluye un sistema de trasvase hacia el lago Gatún y es considerada por la ACP una obra estratégica para fortalecer la seguridad hídrica y garantizar la operación de la vía interoceánica frente a los efectos de las sequías y el cambio climático.
La obra implicaría el reasentamiento de cientos de familias. Informaciones recientes de la institución sitúan la población involucrada en alrededor de 500 a 550 familias, unas dos mil 500 personas.
La ACP sostiene que el proceso de reasentamiento contempla compensaciones por tierras, viviendas, cultivos y actividades económicas, así como nuevas viviendas y medidas para restablecer los medios de vida.
La entidad asegura además que el plan fue elaborado mediante procesos de diálogo y participación con las comunidades.
Según información oficial del Canal, el inicio de la construcción está previsto para 2027, mientras continúan los estudios técnicos, ambientales y sociales y la preparación del proceso de licitación.
La controversia, por tanto, permanece abierta entre la posición de la ACP, que considera río Indio fundamental para garantizar agua para el consumo humano y la operación de la ruta durante las próximas décadas, y la de las organizaciones campesinas, que rechazan el reasentamiento y advierten sobre los impactos sociales, ambientales y comunitarios del proyecto.
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