En una carta elaborada en ocasión del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las agrupaciones expresaron su preocupación por el impacto de los ajustes financieros en servicios esenciales sobre todo para las mujeres, niñas y adolescentes.
Recientemente la ministra de Salud, May Chomali, informó que, ante las reducciones aplicadas en 2026, esa cartera requiere de 3,2 billones de pesos (3 mil 300 millones de dólares) para completar este año.
El Parlamento debe iniciar en breve la discusión del proyecto presupuestal para 2027 donde se prevén recortes aún más grandes.
Ante este panorama, las agrupaciones advirtieron que la disponibilidad de recursos públicos tiene consecuencias concretas para el ejercicio de determinados derechos, entre ellos los sexuales y reproductivos.
Señalaron que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) concentra a la mayor parte de la población y es fundamental para el acceso a la anticoncepción, controles prenatales, atención del parto, prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y el acceso al aborto legal.
Se entiende como tal a la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales establecidas por la ley: violación, inviabilidad fetal o riesgo para la salud o la vida de la madre.
Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, afirmó en la carta al Organismo Legislativo que el desafío es garantizar que este derecho pueda implementarse de manera efectiva a todas las mujeres, sin importar donde vivan o el centro de salud donde se atiendan.
La misiva pide resguardar el financiamiento de la atención primaria en los hospitales públicos y los consultorios financiados por Fonasa y establecer mecanismos para conocer periódicamente la ejecución de ese gasto.
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