El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos irán a las urnas a elegir a los integrantes de ese organismo, así como a prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales.

La lista de aspirantes al Cpccs está dividida en mujeres, hombres y pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior.

En esa última categoría el organismo electoral habilitó únicamente a una candidata de las 40 personas que inicialmente presentaron su postulación.

Esta particularidad significa que la ciudadana no tendrá competencia en esa papeleta, aunque la normativa electoral no establece de forma expresa cómo proceder ante una elección con una sola candidatura ni cómo se cubriría una eventual ausencia posterior de ese representante.

El Cpccs es un organismo constitucional encargado de promover la participación ciudadana y desarrollar concursos para la designación de varias autoridades de control del Estado.

Entre los 65 candidatos figuran además cuatro de los actuales consejeros, quienes buscan permanecer en el organismo durante el período 2027-2031.

En relación con los candidatos a los cargos locales en disputa en estos comicios seccionales, el CNE precisó que la lista estará definida el 9 de noviembre, pocos días antes del inicio de la campaña electoral.

El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos de sectores opositores por decisiones que han afectado la participación de organizaciones y candidatos.

La Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición, fue suspendida temporalmente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y eso obligó a sus representantes a buscar alianzas para postularse con el auspicio de otros partidos, aunque otros fueron impedidos de participar.

Entre ellos está la excandidata presidencial Luisa González, que buscó postularse para la prefectura de Manabí por el movimiento Pachakutik, sin embargo, tanto el CNE como el TCE le negaron la inscripción.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado ecuatoriano a garantizar una participación política plural e igualitaria, además del debido proceso y la certeza jurídica.

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