La iniciativa, a la que tuvo acceso Prensa Latina, contempla una reforma institucional para fortalecer la supervisión del Estado, revisar leyes y contratos derivados de los procesos de privatización y crear una comisión de expertos que evalúe la eventual renacionalización de empresas energéticas.
El documento también propone ampliar las facultades y recursos de entidades como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el Ministerio de Ambiente y la Comisión de Energía y Electrificación Rural.
Otro de los ejes está relacionado con la protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas. Para ello plantea actualizar los diagnósticos y planes de manejo territorial y establecer estudios sobre caudales ecológicos antes de autorizar nuevos usos de los recursos hídricos.
En ese contexto, el FAD propone revisar las concesiones hidroeléctricas vigentes y cancelar aquellas que provoquen daños a los ecosistemas o afectaciones a las comunidades locales, según el documento.
La iniciativa apuesta además por diversificar la matriz energética mediante el desarrollo de fuentes como la solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, el biogás y los biocombustibles.
Para impulsar esas inversiones contempla la creación de un fondo destinado a la generación, uso y manejo de energías renovables, acompañado de incentivos para empresas privadas, comunidades organizadas y usuarios residenciales.
El plan incluye un programa nacional de electrificación rural con la meta de alcanzar el ciento por ciento de cobertura en comunidades aisladas del sistema interconectado.
Entre las medidas figura la instalación de paneles solares en escuelas y el desarrollo de proyectos de mini hidroeléctricas, energía solar y biomasa, junto con capacitación técnica y la creación de empresas comunitarias respaldadas mediante microfinanzas y recursos de la banca pública.
La propuesta también concede un papel central a los trabajadores del sector energético, al plantear capacitación técnica permanente, certificación profesional, estabilidad laboral y mayores estándares de seguridad ocupacional.
El FAD sostiene que la modernización del sistema y la incorporación de nuevas tecnologías requieren fortalecer el talento humano nacional y garantizar condiciones laborales adecuadas.
El documento incorpora además medidas de ecoeficiencia para edificaciones públicas y privadas y propuestas de movilidad urbana orientadas a reducir las emisiones contaminantes y favorecer medios de transporte más eficientes.
El programa plantea igualmente mecanismos de transparencia, auditorías financieras y sociales y una reducción de trámites para facilitar las inversiones en energías renovables.
Según el FAD, la propuesta busca articular soberanía energética, protección ambiental, desarrollo comunitario y derechos laborales como componentes de una política energética de largo plazo.
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