El documento será entregado al mandatario por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes durante meses evaluaron los resultados de esa fiscalización junto a sus equipos y expertos externos.

La comisión deberá recomendar los próximos pasos para abordar la situación del proyecto, cuya concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, decisión que provocó el cese de operaciones de Minera Panamá.

La auditoría integral estableció un nivel global de conformidad y cumplimiento de 87,73 por ciento, considerado favorable, aunque identificó incumplimientos y rezagos en programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies.

Los mayores niveles de cumplimiento correspondieron a los estándares técnicos y operacionales, con 90,20 puntos, y al componente ambiental, con 87,64 puntos.

El informe también señaló deficiencias en el monitoreo de la vida acuática, la protección de áreas destinadas a la translocación de especies y las acciones para mejorar hábitats locales.

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) pidió esta semana al Ejecutivo adoptar una decisión y avanzar hacia una eventual reanudación ordenada de las operaciones, bajo un esquema que atienda los hallazgos de la auditoría y garantice la supervisión estatal.

El Gobierno, sin embargo, ha reiterado que no contempla restablecer el contrato declarado inconstitucional y que cualquier alternativa deberá preservar la soberanía del Estado, garantizar la protección ambiental y evitar que los costos recaigan sobre la población.

Chapman afirmó que la paralización de la actividad minera ha representado pérdidas superiores a seis mil 300 millones de dólares en los últimos 32 meses, además de una reducción de la inversión extranjera directa y de las exportaciones de bienes.

En materia ambiental, Navarro advirtió sobre la existencia de unas 38 millones de toneladas de mineral almacenadas, cuyo manejo requiere atención para evitar riesgos asociados al drenaje ácido de roca.

La decisión de Mulino deberá definir el rumbo de uno de los principales conflictos económicos, sociales y ambientales pendientes en el istmo. Hace casi tres años, masivas protestas populares paralizaron a la nación en rechazo a la minería metálica a cielo abierto y condujeron a que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, decisión que obligó al cese de las operaciones del mayor yacimiento cuprífero del país.

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