Lejos de calmarse el ambiente, la acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid sigue activa y en crecimiento, pese a que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid dio 48 horas al Gobierno nacional para poner fin a esta manifestación que ya dura tres días.

Desde el sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales enviaron un mensaje nítido a la clase política: no nos moveremos de aquí hasta que se aprueben leyes que protejan a la ciudadanía, especialmente en vivienda.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó in extremis dos decretos sobre vivienda, los cuales deberán ser adoptados por el Congreso de Diputados de España.

El Gobierno de Pedro Sánchez pidió un pleno extraordinario de la Cámara Baja para votar los dos Reales Decretos, que tendrá lugar este viernes.

Los socialistas del PSOE y la coalición partidos de Sumar, que forman el Ejecutivo de coalición, llegaron a un acuerdo para aprobar medidas en materia de vivienda, las principales incluidas en los sendos textos que antes de sancionarse han sido denominados Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles.

Sin embargo, no acaban de encontrar el consenso necesario entre algunas organizaciones, con votos clave para sacarlos adelante. Rechazo completo de Podemos (izquierda), dudas de Esquerra Republicana de Cataluña (centroizquierda), y críticas del PNV vasco (centroderecha) y Junts por Cataluña (derecha).

«Los partidos del Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadana y avanzar en derechos», dijeron fuentes oficiosas desde el Palacio de la Moncloa.

Según expertos, los documentos que serán sometidos a su aprobación en el Parlamento, señalan la protección frente a los desahucios, que impide ejecutarlos a personas vulnerables sin alternativa habitacional, el cual se amplía hasta 2030.

Asimismo, la prórroga de los contratos en vigor será de dos años para todos aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Pero en un segundo real decreto se añade una renovación automática de los alquileres, tal y como exigía Sumar y el Sindicato de Inquilinas.

Además, apunta que los llamados fondos buitres tendrán prohibido comprar vivienda hasta 2028. Detalla igualmente, que la definición de un fondo buitre se mide por su forma de comprar vivienda y no por su naturaleza jurídica: se vetará la compra por debajo de mercado o en paquetes que tenga como finalidad única el lucro inmediato.

De otra parte, se pondera la regulación del alquiler de temporada y, también, de habitaciones.

El desalojo el pasado miércoles de Maricarmen Abalos, anciana de 87 años con limitaciones físicas, marcó una sucesión de manifestaciones de solidaridad con el caso y también en general por el deleznable papel de los fondos buitres en España.

Maricarmen fue desahuciada y tuvo que ser remitida a un hospital donde permanece. La reacción ante lo que muchos consideran “una vergüenza nacional”, generó una movilización ciudadana en importantes ciudades del país.

En paralelo, la víspera se supo de un acuerdo entre el fondo buitre Urbagesa con Maricarmen, su abogada y el sindicato Inquilinas, con mediación del Ayuntamiento de Madrid. Permitirá a la señora regresar a su hogar donde había vivido 71 años.

El opositor Partido Popular (PP, derecha) ya se decantó por el rechazo a los dos Reales Decretos propuestos, que calificaron de tramposos y oportunistas.

A todo este crispado panorama, se añade la crisis migratoria en Ceuta, todavía lejos de resolverse y con miles de personas deambulando por la ciudad autónoma, dos meses después del ingreso ilegal de unas 72 mil personas el 30 y 31 de julio.

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