Tras recibir el informe, el mandatario afirmó que su Gobierno acatará seis condiciones que calificó de no negociables, entre ellas el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals.

Mulino también consideró inobjetables la rectoría del Estado y la titularidad de la nación sobre los yacimientos minerales, así como una transparencia verificable mediante informes sucesivos.

El gobernante aseguró además que se dará prioridad a los pobladores de las zonas directamente afectadas por el cierre de la mina, en particular de Donoso, La Pintada, Coclesito y el distrito especial Omar Torrijos.

Los alcaldes de esas localidades estuvieron presentes en el acto protocolar de entrega del informe, realizado en el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo.

Mulino respaldó asimismo la recomendación de someter el proyecto a partir de ahora a una supervisión conforme con estándares internacionales, incluida la consulta ciudadana.

El jefe de Estado explicó que estudiará el documento junto con abogados y el Consejo de Gabinete antes de adoptar la decisión correspondiente, la cual, dijo, comunicará personalmente a la nación.

“Cuando tenga una decisión la voy a anunciar yo, al país, de frente y con sus fundamentos por delante. No se va a conocer por una filtración, ni por una versión, ni por un comentario de pasillo”, afirmó.

El mandatario subrayó que el informe elaborado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y Ambiente, Juan Carlos Navarro, constituye un estudio y una recomendación, pero no una decisión ni la anticipa.

Según las autoridades, la suspensión de las operaciones hace casi tres años provocó la pérdida de más de seis mil empleos formales y unos 30 mil informales, además de la salida de dos mil proveedores y alrededor de mil 500 empresas vinculadas a la actividad.

El cierre también tuvo un impacto sobre la economía nacional, al desaparecer un aporte estimado en 45,5 por ciento al Producto Interno Bruto en 2024, de acuerdo con las autoridades.

El informe recoge además los resultados de una auditoría integral realizada por la compañía suiza SGS, con participación de expertos en minería y evaluación de riesgos.

Entre las principales inconformidades señaladas figuran incumplimientos relacionados con la protección de la flora, la restauración ecológica y la reforestación.

Para Mulino, resulta fundamental establecer las condiciones que permitan ejecutar un cierre ordenado, financiado por el propio sitio, verificable en cada etapa y sometido a supervisión independiente.

Las operaciones del enclave cesaron tras las masivas protestas populares que paralizaron al pais, registradas en octubre y noviembre de 2023, contra la minería metálica a cielo abierto.

La movilización social derivó en el fallo del Supremo que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Minera Panamá, operadora del que fuera uno de los mayores yacimientos de cobre de la región.

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