Mediante el Decreto 22-2026 divulgado por el estatal Diario de CentroAmérica, el mandatario aceptó esta medida aprobada por el Congreso el pasado 22, mientras vetó la que fijaba precios tope.

La suspensión del cobro del Impuesto al Valor Agregado y del establecido a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo entrará en vigencia, según el texto, a partir de mañana.

Sin embargo, la normativa otorga un plazo de cinco días para que el Ministerio de Energía y Minas emita el reglamento correspondiente.

El decreto 21-2022, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, aprobado el 8 del presente mes, regresará al Legislativo con las observaciones pertinentes.

Este, a pesar de recibir el apoyo necesario antes, quedó entrampado en el Parlamento más de dos semanas a partir de objeciones presentadas por el diputado del partido opositor, Allan Rodríguez.

También, transportistas, líderes indígenas, entre otras organizaciones expresaron su rechazo a lo que consideraron un nuevo subsidio que no resolvería el aumento constante de los carburantes, dada la volatilidad del mercado internacional.

La situación desde principios de julio pasado, en que se acabó un fondo dedicado a un primer monto para amortiguar el golpe, y registros históricos locales para el diésel, la resiente el bolsillo del consumidor.

La inflación en este territorio centroamericano lleva dos meses consecutivos al alza debido principalmente a presiones de los alimentos y otros productos básicos de la canasta familiar.

Guatemala importa el 100 por ciento de los combustibles que consume, lo que la deja expuesta al panorama mundial del petróleo y a los costos de importación.

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