La misiva reúne demandas de los gobiernos municipales y plantea la necesidad de establecer una nueva relación federativa, con mayor participación de las administraciones locales en las decisiones nacionales.

A juicio de la organización, los próximos cuatro años constituyen una oportunidad con el fin de avanzar en medidas destinadas a fortalecer la autonomía municipal y mejorar las condiciones para la prestación de servicios públicos en las ciudades.

Entre los puntos centrales figura el cumplimiento de la Enmienda Constitucional 128, que impide imponer o transferir nuevas obligaciones de gasto a los municipios sin garantizar los recursos necesarios para financiarlas.

También, el texto propone revisar los criterios de distribución del Fondo de Participación de los Municipios, al considerar que la asignación actual no responde adecuadamente a las diferencias de población y capacidad financiera entre las localidades.

De acuerdo con datos citados en la comunicación, en 2025 unos 93 millones de brasileños vivían en municipios con los menores ingresos por habitante, mientras que 13 millones residían en ciudades con las mayores disponibilidades financieras.

En materia tributaria, las alcaldesas y los alcaldes reclaman un seguimiento permanente de los efectos de la reforma correspondiente y mecanismos de perfeccionamiento que garanticen la participación efectiva de los gobiernos locales en las decisiones relacionadas con el nuevo sistema.

Solicitan, además, la recomposición de la tabla de financiamiento del Sistema Único de Salud y señalan que los municipios aportaron 64 mil millones de reales (12 mil 300 millones de dólares) adcionales al mínimo constitucional establecido durante el año pasado.

La carta incorpora el transporte público entre las prioridades y defiende la aplicación efectiva del Marco Legal del sector y una participación permanente del Gobierno federal en el financiamiento de las estructuras municipales.

Respecto al ámbito ambiental, el documento plantea un llamado a fortalecer el federalismo climático, revisar los mecanismos de financiación y ampliar las estructuras destinadas a prevenir y responder a desastres naturales.

Por otra parte, las alcadesas y los alcades solicitan participar en la gobernanza del Fondo Nacional de Seguridad Pública, incluida la definición de criterios para distribuir recursos.

Exigen apoyo técnico y financiero de la Unión para las redes municipales de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia y para enfrentar el feminicidio.

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