El presidente del ente, que agrupa a alrededor de 134 empresas, Fernando Segovia, comunicó que con la medida los organismos afiliados reclaman al gobierno central un incremento de la compensación financiera por el aumento de los costos operativos.

De acuerdo con Segovia, los gastos de las unidades se elevaron en los últimos días ya que más del 90 por ciento del parque de vehículos repartidores de gas licuado funciona con diésel.

En varias estaciones de servicio de combustible, en lo fundamental gasolina, ubicadas en departamentos como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por estos días se observaron largas filas de medios de transporte, cuyos choferes advirtieron sobre irregularidades en el suministro del líquido.

Por otro lado, representantes del transporte en el departamento de Santa Cruz, advirtieron que, si el Ejecutivo no restablece la subvención del diésel, a partir del próximo 5 de octubre realizarán un paro general de 48 horas que paralizará el traslado urbano e interprovincial.

Mientras tanto, el secretario general de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, ratificó hace dos días que proseguirán las negociaciones con el gobierno para buscar una solución al conflicto desatado en el país por la subida de la tarifa petrolera.

Tras una reunión con representantes gubernamentales en La Paz, capital del país, el líder de los transportistas señaló que, aunque la cita terminó sin acuerdo entre ambas partes, está en manos de los ministros responder a cada una de las demandas del sector, entre ellas la protección de los empleados.

Como medida de presión para derogar el decreto gubernamental sobre la anulación de la subvención del diésel, este lunes choferes realizaron un paro laboral en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y sectores de Chuquisaca.

El ambiente social permanece caldeado en gran parte de Bolivia no sólo por el aumento del precio del diésel, de 3,74 bolivianos por litro a 17,95 por unidad, equivalente a unos 1,95 dólares, sino también por especulaciones de que también podría erradicarse la subvención de la gasolina, lo cual fue negado por el Gobierno.

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