El organismo estatal encargado de gestionar la entrada, permanencia y salida de personas foráneas exigirá ingresos superiores al promedio nacional y prestaciones de pensión equivalentes a tres décadas de afiliación laboral.
Las directrices que entrarán en vigor en abril de 2027, también requieren dominio del idioma japonés en el nivel de “usuario independiente” y elevan los umbrales para cónyuges de ciudadanos nipones: cinco años de matrimonio y tres de residencia.
El requisito de ingresos se aplicará de manera retroactiva a solicitudes presentadas desde abril de 2026, para ello se tomará como referencia un promedio anual de 5,75 millones de yenes en 2024, equivalente a unos 36 mil 500 dólares estadounidenses.
Además, las tarifas de solicitud aumentaron de forma significativa, el salto más fuerte consistirá en el de la residencia permanente, que pasó de unos 64 dólares a mil 280, o sea, 20 veces más.
El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi buscará así garantizar la autosuficiencia financiera de los solicitantes y reforzar el control sobre la admisión de extranjeros.
Los residentes permanentes mantienen su nacionalidad de origen y pueden permanecer indefinidamente en Japón sin restricciones en sus actividades.
arc/msm
