Ese servicio, conocido popularmente en portugués como Ligue 180, pertenece al Ministerio de las Mujeres y recibe incidencias, brinda orientación y realiza derivaciones a los organismos competentes.

Las mujeres negras y pardas representaron el 53,83 por ciento de las víctimas, con 842 denuncias, las blancas acumularon el 37,72 (590), y otras razas el 8,45 (132).

Por estados, São Paulo concentró el mayor número de casos, con 430, seguido por Río de Janeiro (260), Minas Gerais (149), Bahía (89) y Río Grande del Sur (62).

Entre las situaciones denunciadas estuvieron discriminación por género, raza o etnia, amenazas, difamación, divulgación de contenido falso, descalificación de capacidades, interrupciones reiteradas de intervenciones públicas y cuestionamientos sobre la vida privada, la apariencia o la vestimenta.

También fueron registrados casos de amenazas de muerte y violación, ataques racistas y transfóbicos, vandalización de materiales de campaña, coacción, intimidación y deslegitimación de mujeres que ocupan o disputan espacios de poder.

De acuerdo con el Ministerio de las Mujeres, las víctimas incluyen candidatas, ocupantes de cargos públicos, lideresas comunitarias y sociales, defensoras de derechos humanos, activistas y representantes de movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno brasileño estableció en marzo pasado un Protocolo de Enfrentamiento a la Violencia Política contra las Mujeres, con directrices para prevenir, registrar, atender, derivar y acompañar las denuncias, además de fortalecer la protección de sus derechos.

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