Durante la caminata que partió desde el emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hasta la sede de la Asamblea Nacional (parlamento), trabajadores y activistas de la alianza Pueblo Unido por la Vida denunciaron prácticas de vigilancia ilegal de dirigentes de las agrupaciones y sus familiares por parte del Gobierno.
Uno de los participantes en la protesta, el doctor Fernando Castañeda, acusó a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) por haberle retirado su licencia solo por manifestarse en medios de prensa contra el sistema de pensiones.
Enfrentamos un Gobierno dictatorial que defiende la empresa privada y olvida a los más humildes, opinó, por eso es clave la unidad de todas la agrupaciones y en particular los jóvenes para exigir justicia y equidad social.
Primero fueron los docentes, después los constructores y ahora arremeten contra profesionales de la salud, pero mañana la persecución puede ser contra otros gremios que se opongan a las políticas públicas del Ejecutivo, alertó.
También la galena Tania González explicó a Prensa Latina que sus demandas por las violaciones de los derechos humanos en la occidental provincia de Bocas del Toro, le ha costado su puesto de trabajo también en la CSS, pero nadie ni nada podrá silenciar su voz, sentenció.
Por su parte, el abogado Jorge Guzmán , coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales(Frensadeso), subrayó que todavía esperan respuesta del Procurador de la Nación, Luis Gómez, ante la denuncia con evidencias de agentes de la Policía Nacional, infiltrados en las filas de las agrupaciones.
Esta vez presentamos nombres, fotografías, rangos, funciones y actividades concretas, incluyendo actuaciones denunciadas desde 2022 dentro de espacios de organización social, argumentó.
Las organizaciones entregaron el miércoles último al Legislativo una solicitud de cortesía de sala para explicarle a los diputados los atropellos de que son víctimas y esperan sea este un nuevo escenario de denuncias e interpelación al Gobierno.
También en los últimos siete días, las organizaciones cuestionaron las cifras sobre empleo divulgadas por el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien destacó que bajó la desocupación y se crearon más de 77 mil nuevos puestos de trabajo.
Voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida rechazaron la interpretación oficial y acusaron al Gobierno de presentar una realidad diferente a la que enfrentan amplios sectores de la población.
Las organizaciones sociales también expresaron su oposición a diversos proyectos de infraestructura y a una eventual reapertura de la actividad minera en Donoso, provincia de Colón, además de reclamar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 relacionado con la actividad extractiva.
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