Resultó destacado también la propuesta de la mandataria encargada Delcy Rodríguez al parlamento de realizar una reforma parcial a la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dos temas que van de la mano para la transformación del sistema judicial en el país.
La selección de las 12 personas para conformar, primeramente, la comisión preliminar, junto a 11 diputados escogidos por el presidente del Poder Legislativo Jorge Rodríguez, dio inicio el martes con su nombramiento a partir de lo establecido en artículo 42 del Reglamento Interior y de Debate.
Este establece la creación de comisiones especiales, con carácter temporal, para investigación y estudio cuando lo requiera el tratamiento de alguna materia y atribuye al presidente de la Asamblea Nacional, en consulta con su dirección, la designación, así como quienes ocuparán la presidencia y vicepresidencia.
La comisión preliminar quedó integrada por los diputados Giuseppe Alessandrello, quien la dirigirá; Pablo Pérez, en la vicepresidencia; Gloria Castillo; José Oscar Villarroel, María Gabriela Vega; Fernando Bastidas y Carlos Mogollón, Jonathan García; Liliana González; Luis Florido y Félix Freites.
Importante resulta que a inicios de septiembre el Legislativo modificó el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para incrementar el número de integrantes del Comité de Postulaciones de 21 a 23, 11 de ellos diputados y el resto miembros de la sociedad civil.
La víspera, el parlamento divulgó a través de medios de prensa de tirada nacional y redes digitales los requisitos para integrar ese grupo y dar paso al inicio del proceso que se extenderá hasta el 9 de octubre.
Esta convocatoria está amparada en el artículo 270 de la Constitución y en concordancia con los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según el texto.
Mediante el mismo “se convoca a los diferentes sectores de la sociedad a formalizar sus postulaciones de candidatas o candidatos”.
Los requerimientos establecen ser venezolanos, mayores de 35 años y contar con reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de las funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer.
Además, de “no haber sido condenados penalmente” mediante sentencia definitivamente firme ni sancionados por responsabilidad administrativa.
Finalizado este periodo la comisión preliminar dará comienzo al proceso de evaluación de los candidatos inscritos y el 15 de octubre presentarán ante el parlamento los nombres de los ciudadanos elegibles, quienes serán luego juramentados.
El actual proceso es producto del compromiso político y los acuerdos asumidos en el contexto del diálogo entre representantes del Gobierno y exlegisladores del periodo 2015-2020, que concluyó en Caracas su segundo ciclo de conversaciones, según Alexandrello.
Los designados tendrán la altísima responsabilidad de revisar las credenciales de los aspirantes a magistrados del TSJ, inspectores de tribunales y del director de la escuela de la magistratura.
Otro paso adicional a la transformación del sistema judicial de Venezuela, anunciado por la mandataria encargada en enero pasado, fue la propuesta de reformar de manera parcial la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017.
En carta enviada al presidente del Poder Legislativo, Delcy Rodríguez expuso los motivos de su iniciativa, dirigidos a “avanzar en la despenalización de los tipos penales» previstos en esta norma y corregir desviaciones en su aplicación.
Esta reforma busca abrir nuevos espacios para el reencuentro entre venezolanos y “promover la tolerancia a la diversidad” en pleno respeto a la diversidad, indicó.
Rodríguez resaltó el “impacto positivo” que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación.
La modificación será aprobada por el parlamento con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y se discutirá en correspondencia con el procedimiento establecido en la Constitución nacional.
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