El sistema debutó en las elecciones municipales de 1996, inicialmente de manera parcial y experimental, con el nombre oficial de Colector Electrónico de Votos (CEV).

Reportes de prensa recordaron que cuatro años después, todos los electores brasileños pasaron a votar electrónicamente.

Tal tecnología comenzó su desarrollo en 1995 con la participación de especialistas de diferentes organismos, entre ellos las Fuerzas Armadas y los ministerios de Ciencia y de Comunicaciones.

La implantación de la urna electrónica modificó un proceso electoral que hasta entonces dependía de boletas de papel y de un escrutinio manual.

Aquella variante podía prolongarse durante varios días y estaba expuesta a diferentes modalidades de fraude, según registros históricos de la Justicia Electoral.

Durante tres décadas, el sistema incorporó modificaciones destinadas a grantizar la seguridad y a facilitar el sufragio.

En 1998 comenzó a mostrar las fotografías de todos los candidatos, mientras que en 2002 fueron instituidas la ceremonia pública de lacrado de los sistemas y las pruebas de integridad.

Después, en 2004 comenzó la auditoría de los códigos fuente de los sistemas electorales y, en 2006, se inició la identificación biométrica, que posteriormente sería ampliada a una parte importante del electorado.

La evolución tecnológica continuó en los últimos años, y en 2022, la capacidad de procesamiento de la urna aumentó 18 veces y el terminal destinado al presidente de mesa incorporó una pantalla táctil.

Para las elecciones de 2026, el equipo incorpora nuevas funciones de accesibilidad e información al elector, pues la pantalla contará con un intérprete de Lengua Brasileña de Señas, además de una barra de progreso que indicará las etapas de la votación.

El dispositivo también informará cuántos dígitos deben introducirse para cada cargo y señalará el avance del elector durante el proceso.

Antes de los comicios de este año, el Tribunal Superior Electoral abrió el acceso a los códigos fuente para instituciones habilitadas, incluidos partidos políticos, la Policía Federal y el Ministerio Público.

Las urnas no están conectadas a Internet ni disponen de conexiones por bluetooth o Wi-Fi, y posterior a la votación, los sufragios quedan registrados en una memoria con datos cifrados y protegidos mediante firma digital.

Cada sección electoral emite un Boletín de Urna con el resultado correspondiente, que es enviado al sistema de totalización de la Justicia Electoral y puede ser contrastado con la información recibida durante la contabilización.

De acuerdo con la Justicia Electoral, en los 30 años de utilización del sistema no se ha registrado un fraude comprobado en las urnas electrónicas.

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