El presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico, José Rosado, reveló que el gobierno le adeuda millones de dólares, situación que se torna crítica ante el alza en el coste del combustible, lo que ha descapitalizado a las empresas que ofrecen servicio a los estudiantes de la educación pública.
Luego de una protesta en la que el sindicato llevó su reclamo a las calles el pasado 24 de junio, el gobierno que encabeza Jenniffer González dijo emitiría los pagos adeudados, pero los transportistas decidieron ahora regresar a la calle porque todavía adeudan pocos más de 9 millones de dólares, situación que afecta a cerca de 50 compañías que diariamente llevan a los estudiantes a sus escuelas.
Rosado anticipó que protestarían en Hato Rey frente a las sedes del Educación y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington para controlar las finanzas públicas de esta nación del Caribe ocupada por Estados Unidos desde 1898, después irían hasta el Capitolio, sede de la Legislatura en Puerta de Tierra, en la isleta de San Juan, y La Fortaleza, en la ciudad antigua.
“Dentro de ese tiempo ellos han realizado una serie de pagos. No así, una partida que era la que siempre se estuvo reclamando de unos 3 millones d dólares que faltaban. Esa partida tras una revisión, aparentemente va por unos 6 millones. Eso está causando un efecto devastador junto con el precio del combustible en cerca de 50 compañías que ya no tienen capital (para saldar sus deudas)”, precisó.
Rosado ratificó que “hoy es determinante que se pueda agilizar el desembolso de ese dinero para que esas compañías puedan continuar ofreciendo servicios tan pronto recibamos pagos”.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos, reconoció la deuda pendiente con los transportistas, la que se trabaja como “un asunto prioritario”.
“Durante los pasados meses hemos realizado pagos importantes (ascendentes a 12 millones de dólares) y hemos corregido procesos internos que por años provocaron retrasos en la tramitación de facturas”, afirmó.
Ramos admitió que “todavía queda trabajo por hacer y no pretendemos minimizar la preocupación legítima de quienes han prestado un servicio esencial a nuestros estudiantes”.
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