De acuerdo con la entidad, una vez ejecutadas las verificaciones y los diálogos con gobernadores y alcaldes, se advirtieron barreras en el registro de los afectados por el movimiento telúrico, en la actualización del estado de las viviendas y en la entrega de los auxilios económicos.

“En esos espacios se advirtió que el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a familias afectadas, en especial en la ruralidad dispersa y en territorios étnicos. También se constató que las plataformas no permiten actualizar el estado de las viviendas tras las evaluaciones técnicas, ni registrar los daños causados por las réplicas”, sostuvo.

Remarcó que los auxilios económicos asignados todavía no llegan a las familias, que su distribución entre municipios no es homogénea y que faltan ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para las evaluaciones, las demoliciones y el retiro de escombros.

“Según los mandatarios, el cierre del registro el 4 de septiembre obligó a cargar la información antes de concluir las evaluaciones técnicas. A ello se suman más de mil 300 sismos asociados que han agravado el daño de las viviendas”, apuntó.

En virtud de la situación, la Procuraduría llamó al Gobierno a garantizar los derechos de los damnificados en todos los municipios afectados.

Para ello, instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a abrir de manera extraordinaria y condicionada el RUD y la evaluación de daños y análisis de necesidades; así como a permitir la actualización de la clasificación de las viviendas y el registro de los daños causados por las réplicas.

Pidió además agilizar la entrega de los auxilios económicos, a expedir un reglamento para la entrega de ayudas, a coordinar el apoyo en ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, y a garantizar el enfoque diferencial étnico.

En una actualización del pasado 2 de octubre, la Ungrd calculó en 778 mil 285 los damnificados por el sismo de 7,4 grados que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

Del total de las viviendas afectadas, más de 104 mil ostentan la condición de no habitable, cerca de 20 están destruidas y una cifra cercana a las 120 mil quedaron averiadas.

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