De acuerdo con el representante a la Cámara Gabriel Becerra, solamente lo ocurrido en el central departamento de Cundinamarca afecta a más de 15 mil 800 hectáreas en las localidades Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio que pierden la protección que determinaba el ordenamiento territorial.

“Hablamos de suelos rurales productivos en una Sabana sometida a una enorme presión urbanística, donde la expansión urbana ya viene ocupando precisamente suelos agrológicos de clases dos y tres, los de mayor aptitud para la producción agrícola”, señaló en su cuenta de la red social X.

Calificó como grave que la decisión se tomó sin la participación reforzada que, ante ese tipo de medidas, merece el campesinado.

“La Sabana Centro no necesita menos garantías frente a la urbanización y al cambio de uso del suelo: necesita mejores decisiones técnicas, participación real y protección efectiva de su vocación agroalimentaria”, lamentó.

La representante María Fernanda Carrascal denunció por su parte los perjuicios que acarreará la derogatoria de la APPA del sur de La Guajira, “que protegía los suelos fértiles de la despensa agrícola del departamento norteño y la región, justo cuando se intensifica el fenómeno de El Niño más fuerte en décadas”.

Acotó que, con la medida, se dejan abiertas las puertas a proyectos carboníferos que los pobladores rechazan y el país no necesita, como Cañaverales, en San Juan del Cesar y Fonseca.

Para la legisladora poco le importan a la actual administración los efectos devastadores del extractivismo carbonífero, ampliamente documentados, ni la acelerada pérdida de competitividad del carbón colombiano.

“Gobiernan desde el revanchismo político e intereses cortoplacistas y mezquinos, sacrificando la diversificación productiva de la región, la seguridad alimentaria y los intereses estratégicos del país”, expuso en sus redes sociales.

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