Si bien era un hecho casi inminente, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ayer convocó a los comicios generales el 29 de noviembre, no perdió ocasión para explicar ante la prensa las decisiones de este martes del Consejo de Ministros.
Sánchez dijo que se le introdujeron “mejoras técnicas” a los dos textos rechazados el pasado viernes por mayoría simple en el Congreso de Diputados, pero que ahora al menos el primero de ellos pudiera salir adelante.
Como quiera que desde hoy quedaron disueltas las Cortes (Parlamento), las facultades para convalidar los decretos quedan en manos de la Diputación Permanente, en su papel de sustituto en situaciones especiales.
En tal caso, no serán relevantes los votos contrarios del conservador Partido Popular (PP), la ultraderecha de Voz y los independentistas catalanes de derecha de Junts, ya que la mayoría sería ajustada 35-34 favorable a los designios del Ejecutivo.
Integran ese órgano sustituto temporal, 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol (socialista del PSOE). Además, aparecen 27 legisladores del PP; 25 del PSOE (con Armengol; seis de Vox; seis del grupo Sumar; uno per cápita de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).
“Es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y es lo que estamos haciendo. Este Gobierno ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya un desahucio más», sentenció Sánchez.
Mencionó entre las novedades el hecho de que el segundo decreto, que establece la renovación automática de contratos de alquiler, solo entraría en vigor si lo convalida la Diputación Permanente y no a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En el caso del primero, que incluye más medidas, sí entra en vigor desde esta misma semana.
«De nuevo lo que hago es pedir a los grupos parlamentarios que convaliden esto en la Diputación Permanente de las Cortes. Hablamos de humanidad. Son medidas de sentido común, no van de ideologías», señaló el mandatario.
Sin embargo, la ultraderecha de Vox y de forma similar el PP, acusaron a Sánchez de “hacer una cacicada”, al tratar de implementar iniciativas con un estamento parlamentario reducido como es la Diputación Permanente.
Mientras tanto, las calles de Madrid, principalmente, Barcelona y de varias ciudades importantes españolas, sigue movilizadas y dirigentes del sindicato de Inquilinas, con el apoyo de los gremios nacionales, anunciaron huelga general de un día en el mes de noviembre.
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