La evaluación del grupo de trabajo Congreso de esa organización indica que el 68,9 por ciento de los parlamentarios de la 58ª Legislatura (2027-2031) se ubican en las categorías de convergencia ambiental baja o muy baja.

El indicador mide el grado de aproximación de la actuación y los votos de diputados y senadores a iniciativas relacionadas con clima y medio ambiente.

Dentro del Senado, 64 de los 81 integrantes de la próxima legislatura, equivalentes al 79 por ciento, aparecen en las franjas de convergencia baja o muy baja, frente a 58, el 71,6 por ciento, en el período actual.

Para el Observatorio del Clima, la variación responde en parte al crecimiento del Partido Liberal (PL), que pasará de 15 a 28 senadores y tendrá la mayor bancada de la Cámara alta desde la promulgación de la Constitución de 1988.

En la Cámara de Diputados, 345 de los 513 parlamentarios electos, el 67,3 por ciento, quedaron en los niveles bajo o muy bajo de convergencia, frente al 63 por ciento registrado en la legislatura precedente.

También en ese órgano el PL amplió su representación y tendrá 121 diputados a partir de febrero de 2027, 24 más que en la elección anterior, convirtiéndose en la mayor bancada.

Según Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima, la nueva correlación de fuerzas puede poner en riesgo una parte importante de la protección ambiental del país.

Además, puede facilitar la aprobación de retrocesos como el debilitamiento de la actuación de los organismos ambientales, la reducción o extinción de áreas protegidas, la disminución de la protección de los bosques y los biomas brasileños, y la amnistía a los ocupantes ilegales de tierras.

Para ella, el potencial para liderar las agendas socioambientales proviene de algunos parlamentarios de la Cámara, pues hay diputados progresistas alineados con esa agenda que obtuvieron votaciones significativas.

La metodología del estudio consideró el comportamiento de los parlamentarios en votaciones sobre licenciamiento ambiental, comercio de emisiones, tierras indígenas, transición energética, protección de biomas y vetos presidenciales relacionados con asuntos ambientales.

El estudio utilizó prioritariamente datos de la plataforma Farol Verde, del Instituto Democracia e Sustentabilidade, además de promedios de los partidos y antecedentes individuales de los parlamentarios.

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