La senadora Ruth Luque, cusqueña, anunció que ha acusado de discriminación a quienes han llegado a sostener que, como viven en las alturas en las que hay supuestamente menos oxígeno, los cusqueños tienen limitaciones para pensar y por eso escogieron a quien es la virtual autoridad regional.

“La discriminación no puede normalizarse. Hoy presenté una denuncia penal por discriminación frente a las expresiones ofensivas dirigidas contra la población cusqueña. La discrepancia política es legítima, pero descalificar a una población por su origen o territorio no lo es”, señaló Luque.

Y se dirigió a quienes descalifican la voluntad electoral de Cusco y les respondió que su región “no necesita que desde Lima nos expliquen cómo debemos pensar, cómo debemos votar ni a quién debemos elegir. Cusco piensa. Cusco decide. Cusco vota. Y Cusco merece respeto», expresó.

Por su parte, el diputado Jair Manrique anunció que ha pedido al Ministerio Público que investigue de oficio las declaraciones contra ciudadanos del Cusco.

“Estamos hartos de que el racismo y la discriminación se disfracen de discurso político”, agregó y dijo que estará vigilante para que el caso no quede impune.

El comentarista de derecha extrema Diego Acuña declaró que la virtual elección de Mendoza, dos veces candidata presidencial e integrante de la coalición de izquierda Venceremos, refleja una condición mental muy seria que debemos lamentar y aspirar a subsanar de algún modo, y que «pueda contagiar a algunas otras del país”.

Similar opinión sostuvo el exalcalde del municipio de Pueblo Libre, Rafael Santos, quien ante la avalancha de críticas contra él y otros ofensores, pidió disculpas a los cusqueños y pretendió enmendar la ofensa alegando que se refería solo a los que votaron por Mendoza.

La virtual gobernadora respondió con ironía a los ataques contra su candidatura del comentarista político Aldo Mariátegui, al señalar que la guerra sucia electoral en su contra le habría dado votos, por lo que le agradeció.

El periodista Eloy Marchán llamó a la Fiscalía y al Ministerio de Cultura a actuar de oficio contra los autores de las ofensas citadas, pues la discriminación es en Perú un delito penado con cárcel, y similar exigencia planteó la excongresista Susel Paredes.

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