El análisis recogerá los hallazgos encontrados durante los días finales del gobierno de Gustavo Petro (2002-2026) y los primeros de Abelardo de la Espriella, quien después de su llagada al poder, el pasado 7 de agosto, desmontó todos los procesos de paz impulsados por la anterior administración. El informe llega además en medio de las denuncias de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado tras la firma del Acuerdo, de que el Gobierno impulsa su desaparición por medio de un “desmantelamiento financiero”.
De acuerdo con el actual proyecto de presupuesto para 2027, ese tribunal sufrirá un recorte de más del 20 por ciento de sus fondos para gastos de funcionamiento e inversión.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entidad encargada de gestionar el retorno a la legalidad de las personas que dejaron las armas, también enfrentará una fuerte reducción presupuestal durante el siguiente año que estaría entre el 30 y el 40 por ciento.
Otro tanto pasará con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Así lo denunció el propio organismo al alertar cómo menos fondos afectarían las investigaciones, las intervenciones forenses, los laboratorios de identificación, la presencia territorial, la participación de las familias, la infraestructura y la tecnología que hacen posible la búsqueda.
Por otra parte, según apuntó el análisis del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Firmantes de paz, solo en agosto último se registraron cinco asesinatos de exguerrilleros, igual que los cinco reportados entre enero y junio.
El primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella (7 de agosto al 7 de septiembre de 2026) hubo seis homicidios de firmantes de paz, reveló.
La entrega de tierras a campesinos, proceso que impulsó el anterior gobierno, también encontrará trabas a juzgar por las medidas tomadas por la nueva administración.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, informó al Congreso que el Ejecutivo dejará de utilizar la compra directa de predios privados como mecanismo principal para la reforma agraria.
Se conoció además que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una reducción del 32 por ciento en los recursos asignados a esa cartera, lo cual podría representar un estancamiento en el cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz, que plantea la transformación estructural del campo para cerrar las brechas existentes.
La presentación del Informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, se realizará por el representante especial del secretario general, Miroslav Jenča, el próximo el lunes 12 de octubre.
rc/ifs
