La decisión, adelantada por fuentes comunitarias citadas por el diario Corriere della Sera, constituiría el primer paso para que Roma pueda utilizar una mayor flexibilidad fiscal, aunque deberá ser examinada por el Consejo de la Unión Europea (UE).
El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni solicitó primero una flexibilización por unos 36 mil millones de euros para el período 2026-2028, con 14 mil millones destinados a energía y unos 22 mil millones a defensa.
Sin embargo, el Documento Programático de Finanzas Públicas aprobado el pasado 2 de octubre contempla un margen equivalente al 0,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para energía y otro 0,3 por ciento para defensa, tanto en 2027 como en 2028, por un total cercano a 29 mil millones de euros.
El ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti, justificó la petición ante el impacto de la crisis energética y el incremento de la inflación, y sostuvo que Italia demostró disciplina en el cumplimiento de las reglas fiscales europeas.
La Comisión Europea estableció que la flexibilidad energética deberá utilizarse para medidas que refuercen la seguridad y resiliencia del sistema y aceleren la transición desde los combustibles fósiles.
Entre las inversiones admisibles figuran las redes eléctricas, el almacenamiento de energía, el ahorro energético, la electrificación y el aumento de la capacidad de fuentes limpias.
El posible visto bueno, no obstante, no supondría una autorización general para aumentar el gasto público. Bruselas evalúa las medidas de manera individual y mantiene como condición la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Asimismo, Roma le reclama una flexibilidad adicional para afrontar el impacto de una inflación superior a la prevista cuando se acordaron los actuales límites de gasto.
El tema cobra especial importancia para el Gobierno de Meloni, que prepara la ley de Presupuesto de 2027 en un contexto de elevada deuda pública, mayores costos de financiación y persistentes presiones sobre los precios de la energía.
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