En un comunicado, varios relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguraron que los Estados, las entidades internacionales y las empresas deben priorizar la implementación de soluciones prácticas para hacer frente a la crisis actual.

Además, recordaron que el respeto a ese derecho permite garantizar la protección y el ejercicio de todos los demás.

Es necesario pasar a la práctica, especialmente en beneficio de los grupos marginados que más sufren los efectos negativos de la degradación ambiental y el cambio climático, incluidas las mujeres, que experimentan consecuencias particulares y desproporcionadas, señala el texto y resalta la importancia de promover la paz y el desarrollo sostenible.

Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y, un medioambiente saludable es esencial para el disfrute de los mismos. Ello incluye aspectos como un aire limpio, un clima seguro, alimentos inocuos y producidos de manera sostenible, agua potable, biodiversidad y ecosistemas sanos, y entornos libres de sustancias tóxicas. También implica el acceso a la información, una participación pública significativa y el acceso a la justicia y a recursos efectivos, indica el documento.

Por otra parte, recuerda la obligación de los Estados de proteger eficazmente a ambientalistas, organizaciones y movimientos de la sociedad civil.

Nos preocupan también los retrocesos legislativos y normativos, así como la creciente prevalencia de guerras, conflictos, ocupaciones y genocidios, factores que tienen repercusiones directas y profundas en el derecho a un medioambiente sano, afirma.

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