De acuerdo con los documentos judiciales cada uno de ellos enfrenta un cargo adicional de conspiración para cometer tortura.
Los fiscales alegan en esta acusación que, cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, “autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política”.
Este es el más reciente paso de la trama judicial del Gobierno de Estados Unidos contra Maduro, al que intentan relacionar ahora con lo que Washington calificó como la detención indebida de más de una decena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas.
El propio jueves, Cilia compareced en una audiencia que tratará el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.
La representación legal dijo que la también diputada venezolana hasta el momento de su secuestro en Caracas, sufre de “palpitaciones cardíacas y dolor epigástrico ocasional”.
Añadió que el pasado 29 de julio, Flores tuvo un episodio de intensos dolores en el pecho, que se alivió sin tomar medicación alguna; además, se argumentó que ha perdido dos molares y más de 25 libras de peso (poco más de 11 kilos).
El 10 de septiembre último, la defensa presentó su pedido de libertad bajo fianza del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra recluida y que pueda esperar en libertad el juicio que comenzará el 1 de junio de 2027.
Según la Fiscalía, la actual administración de Venezuela, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez nunca ha demandado por vías diplomáticas la liberación de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Tampoco han exigido su inmunidad para que no fuesen juzgados en Estados Unidos, alegan.
La solicitud de inmunidad será tratada en una próxima audiencia del caso, pautada para el 17 de noviembre. Ambos fueron acusados inicialmente por cargos relacionados con el narcotráfico, algo de lo que se declararon inocentes.
Para algunos expertos, las cortes de Estados Unidos no tendrían potestad para llevar a juicio al mandatario venezolano y plantean que la legalidad de su arresto debería evaluarla un tribunal de arbitraje internacional, amparándose en un antiguo tratado de extradición entre los dos países.
El mandatario y su esposa fueron secuestrados durante un operativo militar estadounidense la madrugada del pasado 3 de enero. El ataque dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 32 cubanos.
ocs/dfm
