Ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su secuestro en Caracas, la madrugada del pasado 3 de enero, durante un ataque de Estados Unidos a Venezuela, hecho violatorio de la soberanía nacional del país sudamericano, según denuncias de grupos solidarios.

En la audiencia de este jueves la defensa de Flores, de 69 años, argumentó sobre el deterioro de su estado de salud, en especial los problemas cardíacos, agudizados desde que se encuentra bajo custodia.

También advirtieron que las condiciones del centro de reclusión estarían afectando su recuperación médica, por lo que pidieron pasarla a un régimen de arresto domiciliario con condiciones estrictas de vigilancia que incluirían seguridad armada en la eventual residencia y grillete electrónico.

La representación legal dijo previamente que la también diputada venezolana hasta el momento de su secuestro en Caracas, sufre de “palpitaciones cardíacas y dolor epigástrico ocasional”.

Añadió que el pasado 29 de julio, Flores tuvo un episodio de intensos dolores en el pecho, que se alivió sin tomar medicación alguna; además, se argumentó que ha perdido dos molares y más de 25 libras de peso (poco más de 11 kilos).

El 10 de septiembre último, la defensa interpuso su pedido de libertad bajo fianza para que, por esas razones, pueda esperar en libertad el juicio que comenzará el 1 de junio de 2027.

Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y consideró que debía continuar en prisión.

Maduro y Flores fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en enero, en relación con cargos asociados al narcotráfico, de los cuales los dos se declararon inocentes.

Pero la trama judicial continúa. Esta propia jornada fiscales de Nueva York presentaron un nuevo cargo contra ambos vinculado a una presunta conspiración para cometer tortura.

Los fiscales alegan en esta acusación que, cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, “autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política”.

El Gobierno de Estados Unidos pretende relacionar ahora a Maduro y Flores con lo que calificó como la detención indebida de más de una decena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas.

La Fiscalía sostiene además que la actual administración de Venezuela, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, nunca ha demandado por vías diplomáticas la liberación de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Tampoco han exigido su inmunidad para que no fuesen juzgados en Estados Unidos, señalan.

El asunto de la inmunidad será tratado en una próxima audiencia del caso, pautada para el 17 de noviembre.

Para algunos expertos, las cortes de Estados Unidos no tendrían potestad para llevar a juicio al mandatario venezolano y plantean que la legalidad de su arresto debería evaluarla un tribunal de arbitraje internacional, amparándose en un antiguo tratado de extradición entre los dos países.

El mandatario y su esposa fueron secuestrados durante el operativo militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 32 cubanos.

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