El anuncio, que fue realizado la víspera por el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, suscitó cuestionamientos por parte de sectores progresistas.

La concejal de Bogotá Heidy Sánchez reconoció que si bien la adhesión al grupo no cambia la legislación nacional, sí ratifica el rumbo político del actual Gobierno: “llevar a Colombia hacia una agenda regresiva en materia de derechos sexuales y reproductivos y alinearla con los sectores más retardatarios del mundo”.

Remarcó la integrante del partido Pacto Histórico que las colombianas conquistaron el derecho a decidir después de décadas de lucha y gracias a la Sentencia C-055 de 2022, que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y protege la autonomía, la dignidad, la igualdad y la salud de las mujeres.

“Los derechos de las mujeres no pueden convertirse en moneda de cambio de alianzas políticas internacionales y Colombia no puede retroceder en derechos que tanto ha costado conquistar”, afirmó en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el senador Alejandro Ocampo, alertó que mientras Colombia enfrenta crisis de seguridad, migración, narcotráfico y reconstrucción post-sismo, se prioriza una declaración simbólica con más de 40 países.

“Hay que respetar las decisiones que la Corte Constitucional ya tomó”, pidió el legislador sobre las normas nacionales en torno al asunto.

La Declaración del Consenso de Ginebra es una coalición política internacional no vinculante que defiende la premisa de que no existe un derecho internacional al aborto.

Colombia se adhirió por primera vez a la coalición en mayo de 2022, pero se retiró una vez que Gustavo Petro llegó al poder en agosto de ese mismo año.

Ahora el Gobierno de Abelardo de la Espriella aprobó su reingreso.

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