En una declaración conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido reafirmaron su apoyo a la integridad de la Corte, creada para investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves.

Los firmantes expresaron su desacuerdo con las medidas punitivas anunciadas por Washington y advirtieron que, de aplicarse, tendrían un impacto significativo en las actividades del tribunal, su personal y las familias de quienes trabajan en esa institución.

El documento destacó la labor de la CPI para prepararse ante las posibles sanciones y garantizar la continuidad de sus funciones conforme al Estatuto de Roma, tratado que constituye su fundamento jurídico.

Los ocho países subrayaron que los funcionarios de la Corte trabajan para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes internacionales más graves y contribuir al apoyo de las víctimas.

Asimismo, ratificaron su disposición a mantener un diálogo constructivo e inclusivo con los Estados que no forman parte del Estatuto de Roma, entre ellos Estados Unidos, de cara a la Asamblea de los Estados Partes prevista para diciembre próximo.

Los cancilleres reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente en defensa del sistema internacional basado en normas y en favor de la rendición de cuentas por los crímenes internacionales.

La declaración se produjo después que el Gobierno estadounidense anunciara sanciones contra la CPI, en una nueva escalada de sus diferencias con ese organismo judicial.

El organismo, con sede en La Haya, Países Bajos, tiene entre sus competencias investigar y procesar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, de acuerdo con las condiciones establecidas en su estatuto fundacional.

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