Los consejeros Alfredo Llafquén y Karen Manson señalaron que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) perderá más de 20 mil millones de pesos (21,3 millones de dólares).

Ese es el organismo encargado del proceso de compra y devolución de terrenos a las comunidades, sobre todo en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Llafquén y Manson exigieron al gobierno del presidente José Antonio Kast y a la misma Conadi explicar cómo se garantizará la continuidad de este mecanismo, de qué manera será priorizada la población mapuche y cuántos se verán afectados en cada región por el recorte.

Este pueblo originario sufrió el despojo de su territorio durante varias etapas en la historia.

Entre 1860 y 1883 el Estado de Chile llevó a cabo una campaña militar nombrada oficialmente como la Pacificación de La Araucanía, que en realidad fue una guerra de exterminio y robo de grandes extensiones de tierras.

Tras la derrota militar, el pueblo fue confinado en suelos que representaban menos del cinco por ciento del territorio original, además de ser poco fértiles y estar ubicados en tramos costeros o montañas altas.

El despojo continuó durante la primera mitad del siglo XX, hasta que la Reforma Agraria iniciada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y concluida durante la presidencia de Salvador Allende, les permitió recuperar fundos y predios.

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet, ese logro fue revertido y las tierras pasaron de nuevo a manos de privados.

La demanda de restitución de los territorios robados está basada en normas internacionales ratificadas por Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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