En varias ciudades del país organizaciones sindicales y sociales se movilizaron contra las políticas del presidente Daniel Noboa y reclamaron mayor inversión en salud y educación, garantías laborales y defensa de la seguridad social.

En Quito, la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otros colectivos recorrió calles del Centro Histórico, con críticas a los recortes del gasto social, la precariedad laboral y las amenazas al patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por su parte, studiantes de la Universidad de Cuenca, en el sur del país, también rechazaron la visita de Noboa a ese centro de estudios y cuestionaron el despliegue policial y militar, así como el uso de gas pimienta ante las protestas por la presencia del gobernante.

En el ámbito laboral, una misión de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) anunció que ampliará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sus denuncias sobre vulneraciones de derechos sindicales, despidos y procesos de privatización.

Paralelamente, la crisis energética se agravó con el anuncio este viernes de la desconexión temporal del suministro eléctrico a las industrias de Alto Voltaje 1 (AV1), que ya tenían cortes de 48 horas como medida para afrontar el descenso de las reservas de agua que alimentan las principales hidroeléctricas.

Aunque esta semana hubo lluvias e inundaciones en varias zonas -incluida una granizada en Quito que inundó calles y provocó acumulaciones de hielo-, las precipitaciones continúan siendo insuficientes en las zonas que abastecen cuencas en la Amazonía y el sur del país.

Aunque el presidente Noboa prometió que no habría apagones para el sector residencial, hubo cortes en varias provincias en los últimos días y crece la preocupación entre empresarios y ciudadanos ante la reducción de los caudales.

Por otro lado, una jueza declaró inocentes a 32 pescadores cuyos barcos fueron destruidos por fuerzas estadounidenses en el Pacífico, tras acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La sentencia benefició a ocho tripulantes del Conquista II y 24 del María Candelaria, luego de que la magistrada determinó que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar el delito de asociación ilícita.

El fallo constituye la primera resolución de tres procesos que abarcan a 88 tripulantes de cinco embarcaciones que sufrieron las operaciones militares de Estados Unidos con conocimiento del Gobierno ecuatoriano.

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