Según la institución, Hani Salaymeh comenzó a vaciar su vivienda y la de sus padres, ubicadas en el área de Wadi Qaddoum, en Silwan, como paso previo a la demolición.

La casa de Salaymeh, construida en 2002, tiene una superficie de 100 metros cuadrados y alberga al residente, su esposa y sus cuatro hijos. La vivienda de sus padres ocupa 60 metros cuadrados.

En otro caso, Alaa Issam Al-Rajabi demolió su propia casa en el barrio de Al-Ashqariya, en Beit Hanina, después de recibir una orden de la municipalidad israelí de Jerusalén. La vivienda, construida en 2017, tiene unos 60 metros cuadrados. Su propietario contrajo matrimonio hace aproximadamente un año y espera un hijo, precisó la Gobernación.

Las autoridades israelíes obligan a menudo a residentes palestinos a ejecutar las demoliciones por sí mismos para evitar los elevados costos que, según las fuentes palestinas, cobra la municipalidad cuando realiza los trabajos con su propia maquinaria.

Organizaciones palestinas de derechos humanos sostienen que las restricciones para obtener permisos de construcción en Jerusalén Oriental llevan a algunos residentes a edificar sin autorización, lo que expone sus hogares a órdenes de demolición.

Un informe publicado en octubre por la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, que cita a la Comisión contra el Muro y los Asentamientos, registró 341 operaciones de demolición durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el documento, esas acciones afectaron a 740 estructuras palestinas, entre ellas viviendas habitadas o en construcción, instalaciones comerciales y agrícolas, y otros bienes vinculados a los medios de subsistencia.

La construcción sin permiso fue el principal argumento invocado para justificar las demoliciones, indicó el informe.

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