El tribunal de justicia transicional, creado tras el Acuerdo Final de Paz de 2016, aclaró a quienes insisten en que se trata de una institución costosa que su presupuesto representa solo el 0,14 por ciento del Presupuesto de la Nación y aseguró que, si se suman los ocho años de su funcionamiento, no representan el uno por ciento del plan presupuestal.
Remarcó que sus recursos sirven para investigar y juzgar más de 250 mil crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, que tenían una tasa de impunidad que superaba el 90 por ciento, según la Comisión de la Verdad.
También atiende a más de 600 mil víctimas acreditadas de forma individual y colectiva, y se trabaja para resolver la situación jurídica de más de 17 mil comparecientes sometidos a la Justicia Transicional Restaurativa.
Detalló asimismo que durante todo su tiempo de funcionamiento, y tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, el organismo no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo.
La JEP salió al paso a los pronunciamientos que la señalan de haber dictado apenas cuatro fallos.
“Son tres mil 618 decisiones con efectos de sentencia, entre las cuales se encuentran las cuatro sentencias que cierran miles de procesos, con lo que ha sido posible descongestionar el sistema de justicia ordinario”, remarcó.
Especificó que ya está en firme la condena contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo por el delito de secuestro, y contra 12 integrantes de la fuerza pública por 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la costa Caribe a inicios de este siglo.
El tribunal recordó además que tiene un mandato constitucional de 15 años de duración.
La JEP denunció recientemente lo que calificó como un intento de “desmantelamiento financiero” por parte del Gobierno, que reducirá su presupuesto del año venidero en cerca de un 20 por ciento.
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